Pronunciamiento

 
Al conmemorar, este 18 de julio, nueve años de vida al servicio del país y su cultura democrática, la Asociación Civil TRANSPARENCIA desea compartir con la ciudadanía algunas de sus preocupaciones en la hora presente:
 
1. Nos parece indispensable, para asegurar la estabilidad democrática de nuestro país, recuperar el ánimo de concertación que nos permitió salir del régimen autoritario y acceder a un régimen democrático. Saludamos los esfuerzos que en esta dirección ha iniciado la nueva Presidenta del Consejo de Ministros. Dicha concertación debe incluir el esfuerzo por representar mejor a una sociedad cuya mayoría sigue viviendo en situación precaria.
2. Nos parece urgente fortalecer el proceso y el escenario del Acuerdo Nacional, incorporando al mismo a los gobiernos regionales y emprendiendo los acuerdos de corto y mediano plazo pendientes en materia de reforma tributaria y reestructuración del Estado. Estas tareas son impostergables para permitir que el crecimiento económico empiece a beneficiar a los peruanos pobres con una mejor redistribución, y para enfrentar el déficit fiscal.
3. Deploramos las confrontaciones menudas que han llevado al desprestigio del Congreso, del gobierno y de los partidos políticos. Lamentamos, en particular, las acusaciones infundadas contra personas que han participado honestamente en una transparente licitación en el Ministerio del Interior.
4. Valoramos los esfuerzos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación por promover la reflexión sobre la violencia que el país vivió en las últimas décadas. Esperamos que su informe lleve a un compromiso para que esos hechos no se repitan nunca en nuestro país.
5. La construcción de la democracia en el Perú demanda una solución integral a los problemas que se hallan detrás del penoso espectáculo ofrecido por el Poder Judicial y por los dos grupos empresariales en pugna por el control de un canal de televisión. Esperamos que el Congreso revise los mecanismos legales de otorgamiento y mantenimiento de licencias, que hoy día resultan a perpetuidad, garantizando que la decisión sobre las mismas no dependa de las decisiones políticas del gobierno de turno, y que las autoridades tomen las medidas que la Constitución y la ley establecen para terminar con esta situación.

Lima, 18 de julio del 2003

El Consejo Directivo

 

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