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El proceso electoral peruano, en
la primera y segunda vuelta, careció de las condiciones mínimas
para ser considerado un proceso democrático, libre y justo.
Esta afirmación se basa en
los siguientes hechos:
| 1. |
Legislación
electoral parcializada e insuficiente. |
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| a. |
Inscripción
inconstitucional de la candidatura del Presidente Fujimori.
(Ley de interpretación auténtica) |
| b. |
Mantenimiento
de un padrón electoral obsoleto. |
| c. |
Ausencia
de normas o acuerdos que faciliten el acceso equitativo
a los medios de comunicación. |
| d. |
Impunidad
para los responsables de irregularidades y delitos electorales
e inexistencia de plazos para la investigación
y oportuna sanción de los mismos. |
| e. |
Ley
electoral que permite la existencia de más votos
que votantes. (Art. 315). |
| f. |
Cambio
de reglas de juego en la competencia electoral. (Modificación
del sistema de votación del JNE y alteración
de los requisitos para ser candidato). |
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| 2. |
Quiebra
de la imparcialidad del Estado. |
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| a. |
Intervención
de autoridades políticas y militares a favor del
candidato Fujimori y en perjuicio de los restantes competidores. |
| b. |
Amedrentamiento
y chantaje a los candidatos y opositores al candidato
presidente, a través del Poder Judicial, Ministerio
Público, Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria y Superintendencia Nacional de Aduanas. |
| c. |
Uso indiscriminado
de los recursos públicos para la campaña
del candidato presidente y para perturbar, coactar o condicionar
el libre ejercicio del sufragio. |
| d. |
Utilización
y ofrecimiento condicionado de los programas de asistencia
alimentaria y de títulos de propiedad de bienes
del Estado y de bienes privados. |
| e. |
Proselitismo
político en la inauguración e inspección
de obras públicas. |
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| 3. |
Ausencia
de competencia electoral. |
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| a. |
Discriminatorio
acceso a los medios de comunicación, en particular
a la televisión de señal abierta. |
| b. |
Medios de
comunicación del Estado al servicio del candidato
a la reelección. |
| c. |
Hostilización
y acoso a los candidatos, personeros y observadores. |
| d. |
Ausencia de
pluralismo informativo. |
| e. |
Abstención
inesperada de uno de los dos candidatos en la segunda
vuelta. |
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| 4. |
Incompetencia
y parcialidad de la autoridad electoral. |
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| a. |
Parcialización
de las autoridades electorales. |
| b. |
Participación
de altos funcionarios de la ONPE en la falsificación
de firmas para la inscripción del Frente Independiente
Perú 2000 y corrupción reconocida de funcionarios
y servidores de la ONPE. |
| c. |
Manipulación
de los resultados electorales de la primera vuelta con
fines políticos. |
| d. |
Renuncia del
JNE a fiscalizar la inscripción de las organizaciones
políticas, la elaboración del padrón,
los programas de cómputo y el procesamiento del
escrutinio. |
| e. |
Inadecuada
selección de los representantes del JNE en los
Jurados Electorales Especiales (JEE) y de los de la ONPE
en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales
(ODPE). |
| f. |
Inadecuada
capacitación a los miembros de mesa y a los electores. |
| g. |
Carencia de
un sistema de cómputo eficiente, accesible y verificable. |
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En consecuencia, el desarrollo de
este proceso electoral ha dañado gravemente la vigencia del
Estado de Derecho y de la democracia en el Perú.
Para restablecer la confianza se
requiere revisar el íntegro del proceso y emprender tareas
que devuelvan a la sociedad peruana su dignidad.
Ello exige: una legislación electoral imparcial y estable;
neutralidad estatal; competencia electoral equitativa y autoridades
electorales independientes y confiables que garanticen la viabilidad
de una nueva elección.
Luis Jaime Cisneros
Presidente
Lima, 29 de Mayo del 2000
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