¿QUE OBSERVAMOS?

Han pasado 107 días desde que el gobierno convocó a elecciones. Desde meses antes de dicha convocatoria, hemos trabajado para que la ciudadanía observe las condiciones reales del proceso y para proponer medidas que contribuyan a su conversión en una justa genuinamente democrática, merecedora de la confianza ciudadana.

El gobierno ha declarado su voluntad de aceptar las recomendaciones de los informes de las misiones de observación internacional, que han sido hasta la fecha, tres: la misión conjunta Carter Center/National Democratic Institute de los Estados Unidos; la misión del Electoral Reform International Services, del Reino Unido y la misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos, con sede en París.

Se han registrado algunos progresos sustantivos, en particular el anuncio del cese de las zonas de emergencia y la apertura condicionada de los canales de televisión, y otros signos de efecto menor, como la apertura de una línea telefónica para consultas y denuncias. Sin embargo, este proceso electoral dista, todavía, de reunir las condiciones para ser considerado legítimo, libre y justo.

1.	El sistema jurídico ha sido forzado para permitir la re - reelección del actual presidente.
	Para señalar sólo lo más importante: La ley No. 26657 permitió la postulación anticonstitucional del Presidente a un tercer mandato. La ley N° 26954 modificó el sistema de votación del Jurado Nacional de Elecciones, elevando a cuatro el número de votos necesarios para declarar fundada una tacha. Las leyes N° 26592 y N° 26670 modificaron los requisitos para el ejercicio del derecho constitucional del referéndum. Con fecha 28 de diciembre de 1999, expresamos nuestra opinión a los miembros del JNE: esta candidatura es inconstitucional. A pesar de tal defecto original, y de que las condiciones legales de esta elección no son neutrales ni estables, hemos seguido procurando que el proceso electoral responda a los criterios mínimos necesarios para considerarlo democrático. Sin embargo, nuevos hechos oscurecen el panorama.
2.	Se ha decidido que votemos con un padrón obsoleto.
	El actual padrón data de 1984. La misión de la OEA del año 1995 recomendó su actualización. El 23 de agosto del año pasado, TRANSPARENCIA solicitó el cambio general de documentos de identidad, de manera obligatoria y gratuita para votar sólo con el DNI, así como la realización de una auditoría internacional. Ninguna de estas propuestas fue aceptada. En convenio con el RENIEC y el diario EL COMERCIO, hicimos una estimación de las deficiencias del padrón. Pese a los esfuerzos de diversas autoridades, se siguen encontrando hasta hoy errores que alimentan la desconfianza de la ciudadanía.
3.	No existe competencia electoral equitativa.
	La cobertura informativa en la televisión favorece abrumadoramente a un candidato. Los canales de televisión de señal abierta, contra lo que prescribe la Constitución y la Ley, llegaron a negarse a vender espacios a las agrupaciones políticas para difundir su propaganda electoral. El gobierno dijo que no podía hacer nada al respecto porque la Ley Orgánica de Elecciones, dada por su propia mayoría en el Congreso, no lo permite. Los espacios concedidos o prometidos en forma tardía, marginal y condicionada por la televisión de señal abierta, resultan insuficientes. A diferencia de lo que ocurre en la inmensa mayoría de países de la región y del mundo, en el Perú de hoy la campaña electoral televisiva resulta administrada por la voluntad y los intereses de los dueños de la televisión. Más aún, la televisión es utilizada, sobre todo y de modo sostenido, para sucias campañas psico-sociales de vilipendio contra los candidatos de la oposición y contra las entidades del Estado y de la sociedad que han señalado los hechos que enturbian el proceso electoral.
4.	El Estado no es neutral
	Miles de pintas de Perú 2000 y/o Perú País con Futuro, inundan los paisajes urbanos, rurales y mediáticos del país, excediendo la capacidad operativa de cualquier agrupación política. Tales pintas han aparecido y permanecido, incluso, en terrenos de las Fuerzas Armadas. El diario EL COMERCIO ha dado cuenta de una denuncia de falsificación masiva de firmas de adherentes, con participación de autoridades, para la inscripción del movimiento Perú 2000 en estas elecciones. Pese al ofrecimiento de TRANSPARENCIA no se ha podido verificar la veracidad de tales firmas. No es la única denuncia. Según el diario LA REPÚBLICA, un camión portando polos con el logo de Perú 2000 ingresó a la sede del SIN, en Las Palmas. Diversos medios han reportado otras numerosas irregularidades. En Huancavelica, alfabetizadores del Promudeh han sido utilizados para recolectar firmas a fin de solicitar la revocatoria de Federico Salas, alcalde de esa ciudad y actual candidato. Estos hechos, y otros, anuncian un ostentoso e impune uso de los recursos del Estado. El 15 de febrero, TRANSPARENCIA entregó al Presidente del Consejo de Ministros cinco propuestas urgentes para aliviar la contaminación de este proceso. Se trataba sólo de algunas medidas correctivas frente al daño que ya se ha hecho a la democracia peruana.

¿QUÉ ESPERAMOS?

Para que este proceso alcance condiciones mínimas de equidad y justicia, a un mes de los comicios, TRANSPARENCIA considera necesario y urgente:

Que el gobierno entregue los fondos indispensables para que el JNE y la ONPE realicen una intensa campaña de información y de educación electorales. Hay qie reafirmar que el voto es secreto y entrenas a la población para que acuda a votar y sepa emitir su voto. También hay que entrenar a los miembros de mesa para que realicen un conteo adecuado. Sólo así se reducirán los altísimos niveles de votos nulos.

Que los espacios electorales se transmitan en todos los canales en horario preferente y sin ningún tipo de condicionamiento que limite el ejercicio del derecho a la expresión libre.

Que el gobierno publique un reglamento con drásticas sanciones al personal militar y otras autoridades que interfieran con el libre ejercicio del voto (como ocurrió en Vinchos en 1998).

Que se sancione administrativamente, con medidas ejemplares e inmediatas, a los funcionarios que hayan usado fondos o bienes públicos para fines electorales o que hayan participado en actos de hostilización directa o indirecta a los candidatos inscritos.

Que se garantice que el escrutinio de los votos el 9 de abril sea, como lo manda el artículo 185 de la Constitución, un acto efectivamente público, que pueda ser presenciado en cualquier lugar del país por los medios de comunicación y por todo ciudadano interesado en asistir al mismo.

¿QUÉ TEMEMOS?

Gane quien gane el 09 de abril, la democracia en el Perú ya ha sufrido un grave retroceso, al haberse deteriorado la confianza de los peruanos en sus instituciones y en la limpieza de estos comicios.

Estamos a 30 días de las elecciones. Éste es el último momento para subsanar errores y garantizar que nuestras elecciones cumplan los requisitos que impone un sistema democrático. De lo contrario, quienes resulten ungidos autoridades del país, carecerán de la legitimidad necesaria para asegurar la democracia, el desarrollo y la paz. Hoy, aún es posible. Mañana será demasiado tarde.

Lima, 8 de marzo del 2000

PRESIDENTE
Luis Jaime Cisneros Vizquerra

VICEPRESIDENTE
Alberto Giesecke Matto

COORDINADOR
Salomón Lerner Ghitis

DIRECTORES Felipe Mac Gregor S.J.
Francisco Miró Quesada Cantuarias
Teresa Quiroz Velasco
Cecilia Blondet Montero
César Landa Arroyo
Raúl Valenzuela Lama