Estamos a escasos trece meses de las elecciones generales del año 2000, las primeras del nuevo milenio. Y comprobamos que, no obstante los avances en la tecnología de los procesos electorales, se mantiene la desconfianza ciudadana frente a la limpieza y eficacia de dichas justas.

En varios sentidos estamos frente a elecciones más controvertidas que las polémicas elecciones del año 1995. Una serie de hechos lamentables las anteceden.

En primer lugar, el Congreso aprobó una ley de "interpretación auténtica" para posibilitar la postulación del actual presidente para un tercer mandato. Esta ley fue materia de una acción de inconstitucionalidad y fue declarada "inaplicable" por el Tribunal Constitucional. Dicha decisión dio lugar a la destitución de tres de sus miembros, cuyas vacantes no han podido cubrirse hasta el momento.

Paralelamente, un grupo de ciudadanos opositores a la reelección promovió la recolección de firmas para convocar a un referéndum destinado a derogar dicha ley de "interpretación auténtica", Mientras se realizaba la campaña de
recolección de firmas el Congreso aprobó otra ley por la cual, para la realización de dicha consulta popular sería necesario contar con la aprobación previa de un número no menor de los dos quintos del total de congresistas.

Este proceso terminó cuando, en medio de acusaciones sobre manipulación
de los planillones, la ONPE utilizó impropiamente las firmas de los solicitantes para remitir al Congreso la decisión sobre el referéndum, no alcanzándose los votos parlamentarios suficientes para proseguir con la consulta.

Por otra parte, la creación de las comisiones ejecutivas de reforma del poder judicial y el ministerio público (organismos que designan a dos de los cinco miembros del JNE), ha introducido legítimas dudas sobre la injerencia política
que podría darse en el nombramiento de los componentes del máximo tribunal electoral.

La renuncia de todos los miembros titulares del Consejo Nacional de la Magistratura, su recomposición con los suplentes de los mismos, y sus
crisis actual, contribuyen también al clima de desconfianza, porque este
organismo designa a los Jefes Nacionales de la ONPE y del RENIEC.

Finalmente, las denuncias hechas públicas con motivo de las recientes
elecciones municipales aumentan las razones de la suspicacia ciudadana.
Al respecto, dos son los temas principales que han sido señalados por TRANSPARENCIA: el uso de recursos públicos en las campañas políticas,
y las dificultades logísticas y de reclutamiento y capacitación enfrentadas
por el personal responsable de la conducción de las elecciones.

En estas condiciones, para garantizar la legitimidad de las autoridades
a ser elegidas en los próximos comicios, resulta indispensable tomar medidas destinadas a recuperar la confianza de los electores. Estas medidas son
en su mayoría de carácter legal y no comprometen, ni debe comprometer, las disposiciones constitucionales, cuya reforma generaría aún mayor
desconfianza.