El Perú da igual tratamiento a la inversión nacional y extranjera en el marco de la Constitución Política del Perú de 1993 y los tratados vigentes.

Se prohibirían si se someten a los animales a tratos crueles e inhumanos. En ese sentido coincidimos con la sentencia del Tribunal Constitucional del Expediente Nº 0042-2004-AI-TC emitida el 13 de abril de 2005 que señala en sus puntos 29 y 30 que “En ese sentido, frente a espectáculos -como el taurino y otros similares- que, encubiertos por lo "cultural", conlleven a un sufrimiento y tratamiento cruel, innecesario e injustificado, contra los animales, el Estado no tiene el deber de promover dichos espectáculos; por el contrario, debe asumir un deber básico que consiste en garantizar el que los animales no sean objeto de tratos crueles por parte de los seres humanos; tendiéndose a superar aquella perspectiva que ve en los animales como simples cosas o bienes muebles objeto de apropiación, al igual que en momentos anteriores lo fueron los esclavos con respecto de sus amos, o las mujeres con respecto a sus padres y esposos.

Por ello, y en la medida que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ha definido la tauromaquia como "el malhadado y venal arte de torturar y matar animales en público y según unas reglas. Traumatiza a los niños y los adultos sensibles. Agrava el estado de los neurópatas atraídos por estos espectáculos. Desnaturaliza la relación entre el hombre el animal. En ello, constituye un desafío mayor a la moral, la educación, la ciencia y la cultura".

Parece ser conforme con los valores constitucionales y con la tradición pluricultural de la sociedad peruana, el respetar las fiestas taurinas, siempre que en ellas no se someta a torturas y tratos crueles, o se sacrifique innecesariamente al toro; opción que debería merecer del Estado el reconocimiento y promoción de una fiesta cultural, por ser plenamente acorde con la Constitución”.

La Ley Universitaria vigente es de diciembre de 1983, más de 27 años de vigencia, con muchas modificaciones y enmendaduras, creada en otro contexto y realidad nacional, pero pensar que una nueva ley impulsaría a las universidades peruanas a figurar en las TOP 500 del mundo, no tiene mayor sustento.
El desarrollo de la universidad peruana, como se enfoca en la pregunta, relacionada a la competencia, infraestructura, investigación es el quehacer primordial de todas las universidades autorizadas para tal fin. Garantizar que esto se dé dentro de un contexto de calidad se podría promover que todas las universidades peruanas deban contar con acreditaciones nacionales o internacionales, la autoevaluación y la supervisión de un ente totalmente autónomo y técnico de primer nivel. Aquellas universidades que cuenten con la acreditación, podrían contar con incentivos tangibles, incluyendo los económicos como el acceso a fondos adicionales para investigación, para becas y créditos para alumnos y docentes, para mejoras en la infraestructura, entre otros.
También se debería contar con un ente rector del sector, que incluya la educación terciaria, los institutos superiores y técnicos como las carreras profesionales y las universidades.
Se debe promover la capacitación y especialización de los docentes, las investigaciones pertinentes al desarrollo de su área de influencia, y que esté enmarcado dentro de las exigencias propias de la acreditación de la institución. Cada universidad debe contar con un plan de evaluación docente que incluya todas las actividades que realiza, como la docencia, investigaciones, consultoría y capacitación.
Se debe, además, buscar la interrelación tripartita de la Universidad – Estado – Empresa para el fomento de una educación de calidad, de acuerdo con las necesidades del país y enfocado al desarrollo de todos.

Ya está en funcionamiento el sistema de transporte masivo denominado el Metropolitano y pronto entrará en funcionamiento el Tren Eléctrico. En los próximos 5 años debería continuarse ampliando la cobertura de dichos proyectos y garantizando su conectividad.

Es cierto que algunos países tienen su satélite. Evaluaríamos las necesidades de capacidad satelital en el país y si esto amerita la inversión requerida, se adquiriría un satélite. Debe tenerse claro que la capacidad satelital para defensa nacional, observación y estudio de la tierra e investigación es distinta al tipo de satélite requerido para comunicaciones en general.

Inversiones:
1. Llegar al nivel de 30% del PBI en inversión pública y privada
1.1 Incrementar la inversión pública al nivel del 7-8% del PBI
1.2 Impulsar la promoción de la inversión privada fortaleciendo el sistema de protección de las inversiones y las entidades de promoción.
2. Priorizar la inversión que combate la pobreza
2.1 Saneamiento: Inversión de US$ 4,000 para lograr una cobertura mínima del 83% a nivel nacional y cercana al 100% a nivel urbano, así como cobertura del 100% en el tratamiento de aguas servidas.
2.2 Infraestructura de transporte: Prioridad en la construcción de carreteras: Las carreteras longitudinales (Panamericana, Longitudinal de la Sierra y Marginal de la Selva) serán culminadas y se garantizará su mantenimiento. Las IIRSAS serán complementadas con desarrollos transversales que privilegien la reducción de costos para los agricultores de la sierra y ceja de selva.
2.3 Salud y Educación: Mejora sustancial en materia de infraestructura y política de inversión en investigación y desarrollo

Vivienda:
1. Dar acceso a vivienda a 40,000 familias por año
1.1 Reestructuración y focalización en los segmentos más pobres de los programas de subsidio para la vivienda
1.2 Rediseñar el producto Mivivienda para acceso a vivienda de menos de US$ 50,000 mediante crédito hipotecario
1.3 Programa se creación de suelo urbano orientado a la habilitación de lotes y construcción de módulos básicos de vivienda
2. Mejorar las viviendas de 80,000 familias por año
2.1 Créditos y subsidios para mejoramiento de vivienda
2.2 Rediseño del Subsidio para construcción de vivienda en sitio propio.

Estamos de acuerdo. Apoyaremos la aprobación y ejecución de todas las medidas más drásticas contra la corrupción por parte de los funcionarios públicos. El Eje 7 del pilar 2 de nuestro Plan de Gobierno incluye medidas concretas en esa dirección.

Las principales ventajas competitivas de largo plazo del Perú son: una población con voluntad de trabajo, inventiva y afán de superación; un perfil demográfico favorable (población joven en capacidad de trabajar, el llamado “bono demográfico”) que es indispensable aprovechar en los próximos 20 años y; una excepcional dotación de recursos naturales (recursos renovable, no renovables, clima, situación geográfica, potencial energético, etc.). Deben ponerse en valor estos atributos de la economía peruana creando las condiciones que maximicen la inversión y el crecimiento sostenible, priorizando para ello el mejoramiento y plena realización del potencial de nuestro capital humano.

Consideramos que hay que perfeccionar la legislación que prohíbe el maltrato a animales para mejorar la protección de los animales domésticos.

El Proyecto "Megapuerto Isla San Lorenzo" se lanzó a concesión mediante la Resolución Suprema No. 062-99-PE del 28 de abril de 1999. De acuerdo a los estudios realizados, el proyecto contempla la instalación en la Isla San Lorenzo de la nueva Base Naval del Callao y desalojar la que existe actualmente en este puerto, la construcción de un aeropuerto internacional para complementar al existente, un astillero industrial, un proyecto turístico internacional en las playas de la parte oeste de la isla, que albergaría las inversiones de grandes casinos, y dos túneles subterráneos para un servicio de metro subterráneo unido al Callao. Las inversiones estimadas ascendían a 12,000 millones de dólares.

Actualmente PROINVERSIÓN tiene en cartera el proceso de promoción de inversión privada en la Isla San Lorenzo. Es así que con fecha 3 de noviembre de 2010, aprobó su nuevo Plan de Promoción.

Se tiene previsto llevar a cabo la ejecución del Proyecto, o alguno de los componentes del mismo, bajo la modalidad contenida en el Decreto Legislativo Nº 674 (transferencia total o parcial del activo, contratos de asociación, concesión, arrendamiento, otros), en concordancia con lo dispuesto por la Ley Nº 26440.

El Proyecto Isla San Lorenzo se desarrollará en la Isla San Lorenzo, ubicada en el Océano Pacífico, frente a la Bahía del Callao, a una distancia de 3.8 Km. del distrito de la Punta, Provincia Constitucional del Callao. La isla cuenta con una extensión superficial de 1,458 hectáreas.
La participación de los inversionistas contempla diversos tipos de inversión privada, concordantes con el marco legal vigente, que faciliten la implementación de mecanismos dinamizadores de alto impacto que incrementen la competitividad del país.
Los principales componentes del Proyecto son:

A. La construcción de una vía de acceso vehicular como infraestructura estratégica, que una el litoral oeste de la Provincia Constitucional del Callao con la Isla San Lorenzo.
B. La habilitación urbana de una extensión territorial de la Isla San Lorenzo, prevista para la construcción de un complejo urbano de carácter inmobiliario, turístico y comercial, así como facilidades para la recepción de embarcaciones turísticas en general.
C. Reserva de una extensión de terreno que será objeto de habilitación, para áreas naturales y base Naval.
Si bien, lo antes mencionado representa los lineamientos generales del Plan de Promoción, y aunque no se menciona explícitamente la construcción de un megapuerto, este no está prohibido ya que se enmarca dentro de lo previsto en las normas indicadas. Sin embargo, para poder decidir si se puede construir un megapuerto en la isla, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Actualmente el Estado ya cuenta con contratos de asociación público privada para el Muelle Sur y el Muelle Norte. EL operador del primero es Dubai Ports y del segundo APM Terminals. En ambos casos, las inversiones que harán estas empresas privadas superan los 1,500 millones de dólares.
• Se espera que las proyecciones de demanda para los próximos 20-30 años sean cubiertas con las inversiones en ampliaciones y equipamiento que harán los dos operadores antes mencionados.
• Construir un nuevo puerto en el corto plazo podría conllevar a un desequilibrio para el Estado. Esto, debido a que las inversiones que se requerirían para construirlo serían fabulosas (entre 3,000 y 5,000 millones de dólares sólo para el puerto) y ninguna empresa privada estaría dispuesta a realizarlas, sabiendo que ya existen dos grandes operadores en el Callao que pueden cubrir la demanda futura. Por lo tanto, tendría que ser el Estado quien asuma estos costos, y con altas probabilidades de que sea un inversión poco eficiente.
• Por esa razón, Fuerza 2011 apoyará la iniciativa de promover inversiones en la Isla San Lorenzo con el objetivo de desarrollar dicha zona. Las potencialidades de la ISL son en los sectores inmobiliario, turístico, comercial, logístico, industrial, entre otros, los cuales se podrían realizar con inversión privada. El Estado contribuirá con el desarrollo de infraestructura complementaria que facilite el acceso a la ISL y animen a los inversionistas privados a invertir en ella.
• Actualmente, los lineamientos planteados en el Plan de Promoción de PROINVERSIÓN son generales, y no impide que en un futuro pueda evaluarse la posibilidad de desarrollar un puerto en dicha zona en caso la demanda supere las expectativas y no pueda ser atendida por los actuales operadores portuarios del Callao.

La modernización de las Fuerzas Armadas es un proceso permanente que no consideramos que esté vinculado con el fallo del diferendo marítimo en particular.

Respuesta pendiente

Las Políticas Públicas en Ciencia, Tecnología y la Innovación se centrarán en los ámbitos de Acción: a) Formulación de Estrategias; b) Construir Institucionalidad; c) Separar la toma de decisiones y el diseño de políticas del desarrollo e implementación de las mismas. d). Los pilares de la primera agencia serán cuatro, cada uno de ellos con sus respectivos programas: Formación de RRHH para la C+T+I: Infraestructura; establecimientos de fondos concursables e innovación y de empresas de base tecnológica (EBT).

Desde esta perspectiva se emprenderá un proceso planificado y sostenido de integración y coordinación de los actores económicos, públicos y sociales que impulsen acciones de C y T acordes con el desarrollo económico y el bienestar social del país bajo los siguientes lineamientos:
Creación de un marco jurídico que focalice en la creación y fortalecimiento de un Sistema de Transferencia Tecnológica orientado al desarrollo económico y al posicionamiento regional y global del país. Además, es crucial el resguardo de la propiedad intelectual así como fomento de la Cooperación Tecnológica y la formación de Recursos Humanos.

Esto implica fortalecer un sistema de de ciencia y tecnología que focalice en investigación aplicada, que priorice temas o áreas de investigación en las fortalezas y que tengan a su vez un mercado global importante, que impulse investigación que genere avances tecnológicos susceptibles de ser protegidos y por ende transferidos, y por otro lado, adquirir tecnología avanzada y adecuada para las necesidades que queremos atender, para lo cual es imprescindible desarrollar un sistema de inteligencia tecnológica, desarrollar conocimientos que permitan negociar adecuadamente contratos complejos como licencias y cesiones de tecnología.

Utilizar todos los mecanismos legales para asegurar su cumplimiento.

Respuesta pendiente

La formalización del empleo existente y la creación constante de empleos formales son prioridades del Plan de Gobierno. Ello generará más y más peruanos con pensiones dignas. Por otro lado, los casi 5 millones de afiliados a las AFP requieren una comisión de las administradoras más justa, que por eficiencia, economía de escala, y mayor competencia hemos estimado debe reducirse en 40%, dentro de las prácticas de mercado pero con una activa supervisión que regule en ese sentido. Los sistemas pensionarios como la ONP, Caja Militar, y otras deben observar manejo profesional y transparencia de gestión al 100%, cosa que hoy no ocurre.

-Fortaleciendo el sistema de control.
-Creando trazabilidad de los procesos de decisiones del gobierno.
-Incorporando tecnología para la automatización de los procesos.